El Tribunal Supremo de Justicia, en su página web oficial, difundió la medida ejecutada por el Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de Distrito Capital, sobre un recurso de amparo a favor de la empresa Sierramoros C.A. De acuerdo con la información, se les violentó “el derecho a la defensa” y se le habían confiscado más de 1.600 equipos de minería por parte de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip).  

La decisión del juzgado se convirtió en un precedente novedoso. La empresa minera introdujo el recurso de amparo para la anulación de la confiscación de los equipos, alegando que el proceso realizado por la Sunacrip presentaba irregularidades, ya que el ente regulador no les explicó las causas de la confiscación, tampoco les ofreció información sobre la ubicación de los equipos confiscados. Además de impedirles “recaudar los documentos necesarios en los plazos dispuestos por la ley”, violentando la propiedad y la “libertad económica”.

Retorno de equipos confiscados

El tribunal caraqueño evaluó las pruebas y argumentos presentadas por los abogados defensores de la compañía minera y acordó dictar una sentencia donde anula la confiscación de los “12 equipos Antminer S9-S9I, 1.624 mineros EBANG E9I y 1.475 fuentes de poder”. Estos deberán retornar en su totalidad a Sierramoros C.A., de acuerdo a lo establecido en el amparo aceptado por el juzgado de Caracas.

Sin embargo, el tribunal también estableció, como parte de su decisión, realizar otra investigación que permitiera comprobar que la empresa cuenta con la permisología y requisitos señalados por las leyes venezolanas para la ejecución de actividades relacionadas con la minera de criptoactivos.

Por otro lado, este hecho demuestra que la Sunacrip no es la única institución que tiene potestad en la regulación del sector de las criptos en Venezuela. Por lo cual, si alguna empresa considera que se están violentando sus derechos puede acudir a los tribunales del país y solicitar la protección concebida dentro de las leyes de Venezuela.

M. Rodríguez

Fuente: bancaynegocios.com