El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, emitió una opinión contundente sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en el sistema judicial, destacando potenciales riesgos como la invasión de la privacidad y la deshumanización del derecho.

En su informe anual, tradicionalmente dedicado a un tema de relevancia para el sistema judicial federal, Roberts realizó un análisis sobre cómo las tecnologías, incluida la IA, han modernizado la justicia en las últimas décadas. Se cuestionó sobre el futuro rol de los jueces humanos, augurando que, aunque seguirán siendo necesarios, el trabajo judicial, especialmente en los juicios, se verá significativamente alterado por la IA.

Roberts anticipó un cambio en la operativa judicial y subrayó la importancia de que los jueces comprendan el papel de esta tecnología en los casos que manejan. También proyectó un aumento en el acceso a información para abogados y otros participantes del sistema.

El juez advirtió sobre los peligros del uso de la IA, enfatizando en la amenaza a la privacidad y la posibilidad de deshumanizar el derecho. Hizo referencia a incidentes recientes donde una herramienta de IA provocó errores, llevando a abogados a citar casos inexistentes. Instó a un uso prudente y humilde de la tecnología.

A pesar de otros temas candentes, como el nuevo código ético del Tribunal Supremo anunciado hace un mes, Roberts se centró únicamente en la IA. Mencionó que varios comités de la Conferencia Judicial están investigando los usos adecuados de la IA en litigios, entre otros aspectos.

K. Tovar

Fuente: Bancaynegocios

(Fuente imagen referencial: Unsplash+)

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Estados Unidos busca regular el contenido que se publica en las redes sociales en cada estado del país, luego de que Texas y Florida aprobaran normativas en relación con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

El Supremo estudiará las leyes aprobadas en estos dos estados orientadas a la restricción a las redes sociales “de tomar medidas contra la desinformación política”, a medida que se aproximan las elecciones de 2024.

Las leyes han desatado polémica por parte de los conservadores estadounidenses y de la Corte Suprema, quienes argumentan que los instrumentos legales requieren “un tratamiento especial y la jurisprudencia en materia de libertad de expresión no era necesariamente adecuada para abordar este tema”.

El debate se centra en la libertad que tienen las plataformas como Facebook, X, Instagram, en materia de contenido, según la Computer & Communications Industry Association y NetChoice.

Las redes sociales han tomado el lugar de los medios de comunicación tradicionales, permitiendo a los ciudadanos expresarse, lanzar protestas, compartir información. Sin embargo, “eso no necesariamente las convierte en un foro público regulable por el gobierno», según el profesor Roy S. Gutterman, del Centro Tully por la Libertad de Expresión de la Universidad de Syracuse.

Representantes de las plataformas Facebook y Google han solicitado que las leyes aprobadas en Texas y Florida sean derogadas, argumentando que entran en conflicto con la Primera Enmienda.

Paralelamente, existen discrepancias entre grupos conservadores y ultraconservadores con las empresas tecnológicas, que presuntamente quieren mantener el control de las redes sociales.

El presidente Joe Biden, por su parte, pidió a la Corte Suprema que tome las riendas del caso, haciendo referencia a la Primera Enmienda, que garantiza el derecho a la libertad de expresión.

M.Pino

Fuente: rfi

(Fuente imagen referencial: Unsplash, en colaboración con Getty Images)

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La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil ha solicitado este lunes al Tribunal Supremo de Brasil que abra una investigación al ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, por presuntos delitos de derecho administrativo, obstaculizar la inspección ambiental y prevenir u obstaculizar la investigación de un delito relacionado a una organización criminal.

La solicitud, firmada por el fiscal general adjunto, Humberto Jacques de Medeiros, ha sido remitida a la jueza Carmen Lucia Antunes, miembro del Tribunal Supremo, para denunciar las presuntas irregularidades cometidas por el ministro de Bolsonaro y otros servidores.

El Supremo, que ya investiga a Salle por sospecha de facilitar la exportación ilegal de madera, ha recibido esta solicitud hecha en base a un demanda de la Policía Federal en Amazonas en el mes de abril, informa el medio brasileño G1.

En concreto, el exjefe de esta departamento de Policía, Alexandre Saraiva, ha abogado por la investigación del ministro aludiendo que frenó las medidas de inspección ante daños al medio ambiente y entorpeció la investigación del mayor decomiso de madera de la historia.

En la solicitud, la PGR ha pedido autorización para obtener un testimonio de Salles, de propietarios rurales y agentes de inspección y una copia escaneada de todos los procedimientos de inspección e investigación relacionados con delitos ambientales.

El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes autorizó la operación ‘Akuanduba’, iniciada en enero, por la que se investiga al ministro y a otros altos cargos, así como empresarios, en una trama irregular en la exportación maderera. De este modo, si el Supremo autoriza también esta solicitud de la PGR, Salles se enfrentará a una segunda investigación.

Fuente: dpa

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