El Parlamente de Reino Unido dio un paso importante en el mercado de las criptomonedas con la aprobación de la Property Act 2025, ley que las reconoce como una tercera categoría de propiedad.

De esta manera, el bitcoin y otros activos digitales pasan a ser propiedades, independientemente de los objetos físicos y los derechos contractuales.

La norma –Property (Digital Assets etc.) Act 2025–, recibió la sanción real del rey Carlos III el martes 2 de diciembre, “marcando un hito en la regulación de las finanzas digitales en el país. La nueva legislación responde a una recomendación de la Comisión de Derecho del Reino Unido emitida en 2023 y fue introducida en la Cámara de los Lores en septiembre de 2024”.

Los tribunales británicos daban a las criptomonedas el trato de propiedad en fallos individuales y caso por caso. Con la nueva ley se crea una categoría específica para activos como Bitcoin, stablecoins y tokens no fungibles (NFTs).

Con este fallo del Parlamento se brinda “mayor claridad y protección a los consumidores e inversores, al garantizar que los activos digitales puedan ser claramente propiedad, recuperados en casos de robo o fraude, e incorporados en procesos de insolvencia o herencias”.

La ley aporta vías legales más sólidas para “probar la titularidad, manejar disputas y ofrecer protección en delitos relacionados o litigios”.

M.Pino

Fuente: diariobitcoin

(Imagen referencial: R Spegel en Unsplash)

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La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó el jueves 14 de marzo, por unanimidad, una ley para la inclusión, la igualdad y el desarrollo integral de las personas con discapacidad.

La ley, según una nota de la AN, contiene cinco capítulos y 112 artículos, que establecen «la autonomía de las personas con discapacidad para ejercer sus derechos y garantías en condiciones de igualdad y no discriminación».

Asimismo, busca garantizar «la participación e inclusión en sus familias y comunidades, así como en los espacios culturales, deportivos, económicos, educativos, políticos, recreativos», entre otros, para el «pleno y libre desenvolvimiento de su personalidad».

Según la ley, el Estado, la sociedad y las familias tienen el deber de proteger y atender, de manera integral, a «las personas con discapacidad, procurando el respeto a su dignidad, sus derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía».

En septiembre de 2023, el Ministerio Público inauguró en Caracas una oficina de atención para adultos mayores y personas con discapacidad.

El fiscal general, Tarek William Saab, estimó entonces que, en esta oficina, ubicada en la sede de la Fiscalía Superior de Caracas, se atienda a unas 30 personas al día.

Tomado y con información de Doble Llave

(Imagen referencial: @PartidoPSUV, X)

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