FCC aprueba nuevas medidas al funcionamiento del Lifeline

La acción permitirá combatir el fraude en los subsidios, duplicación de usuarios y comisiones por nuevos suscriptores al programa

El programa federal Lifeline en Estado Unidos, que ofrece descuentos mensuales a clientes de bajos ingresos se ha visto involucrado en actos de fraude debido al mal uso de sus recursos en la duplicidad de usuario al programa, comisiones por nuevos suscriptores y cobro por usuarios inexistentes o muertos, entre otros casos.

Ante esto, la Comisión Federal de Comunicaciones de los EEUU (FCC) pretende combatir el fraude en los subsidios, con la aplicación de nuevas medidas las cuales ya fueron aprobadas por la agencia estatal.

En la normativa legal se incluye que las autoridades de cada estado tengan acceso a información relevante del programa y se vuelvan a involucrar en el rastreo de “actividades sospechosas”. También refiere a la prohibición de los operadores en la cancelación de ventas a sus agentes en función de los consumidores que integran Lifeline, además de que cada empleado de este tipo tendrá que registrar sus datos en el administrador.

Blindaje de Lifeline

Según asegura la FCC, trabajará para seguir reforzando la prohibición de que los proveedores del programa reclamen recursos por abonados fallecidos, así como aumentar los mecanismos para detectar la duplicidad de usuarios inscritos, evitando que usuarios ficticios puedan obtener reembolso por ello. Esta incidencia se viene repitiendo desde el 2011; es decir, operadores que cobran el apoyo con suscriptores no elegibles o inexistentes.

El caso más reciente se generó en Sprint, por el uso indebido de los subsidios de 885 mil líneas que estaban inactivas y debían ser anuladas. Es importante mencionar que este número de suscriptores representa una tercera parte de su base en Lifeline, una alerta para algunos comisionados de la FCC y otros organismos quienes señalaron que se debía detener la revisión de su fusión con T-Mobile hasta concluía la indagación.

K.Villarroel

Fuente: digitalpolicylaw

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