Un tribunal de Francia ha ratificado este miércoles la condena a tres años de prisión contra el expresidente Nicolas Sarkozy en el marco de un caso de corrupción y tráfico de influencias en una trama de escuchas telefónicas, después de que el mandatario apelara la sentencia en diciembre.

El Tribunal de Apelaciones de París ha señalado que dos de los tres años de la sentencia quedan suspendidos, mientras que el expresidente no tendrá que entrar en prisión, ya que el otro año de sentencia en firme podrá ser cumplido en arresto domiciliario y con brazalete electrónico, según ha recogido FranceInfo. Sarkozy verá además suspendidos sus derechos civiles durante estos tres años, por lo que no podrá optar a cargos electos.

Asimismo, su abogado Thierry Herzog y el exmagistrado Gilbert Azibert han sido igualmente sentenciados a tres años de cárcel, mientras que Herzog tendrá prohibido ejercer su profesión durante este periodo. «Herzog y Sarkozy son abogados y Azibert es un especialista en procedimientos penales. Ninguno de los tres puede pretender que desconoce las infracciones cometidas», ha dicho la presidenta del tribunal, Sophie Clement.

Sarzoky fue condenado en marzo de 2021 por delitos de corrupción y tráfico de influencias después de que la Justicia francesa considerase probado que hizo uso de su posición para tratar de obtener información sobre una investigación. La Fiscalía acusó al expresidente de obtener en 2014 a través de Herzog información secreta, para lo cual habría recurrido a Azibert, entonces en el Tribunal de Casación.

La abogada de Sarkozy, Jacqueline Laffont, ya ha anunciado que seguirán «hasta el final del camino judicial», lo que se traducirá en un nuevo recurso ante Casación y en un nuevo plazo que durará en torno a un año. «Nicolas Sarkozy es inocente de los hechos que se le imputan», ha dicho, según la cadena BFMTV.

El expresidente, que gobernó Francia entre 2007 y 2012, se convirtió en el primer antiguo jefe de Estado que se sentaba físicamente en el banquillo de los acusados, ya que aunque en 2011 su antecesor en el Elíseo, Jacques Chirac, fue condenado a dos años por delitos cometidos durante su etapa como alcalde de París, nunca llegó a pisar los tribunales por motivos de salud.

Fuente: dpa

(Fuente imagen referencial: Tingey Injury Law Firm, Unsplash)

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El Poder Judicial de Perú ha desestimado el ‘habeas corpus’ que buscaba anular la prisión provisional del expresidente Pedro Castillo, acusado por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión simple.

El Sexto Juzgado Constitucional de la Corte de Lima ha declarado este lunes improcedente el recurso presentado por la Federación Nacional de Abogados del Perú, cuyo objetivo era declarar como nula la resolución que pide prisión provisional para el exmandatario, además de solicitar su restitución como presidente, la anulación de todas las resoluciones judiciales, administrativas y legislativas relacionadas con la disolución del Congreso.

La magistrada, Gisela Ocaña Chalco, ha negado las acusaciones del expresidente, que en su recurso argumentaba que se había producido una vulneración de su derecho a la libertad individual, y que la prisión provisional entorpecía su derecho a presentar una defensa.

Ocaña ha recordado que «estamos ante una prisión preventiva que es de carácter temporal», y ha recriminado a los letrados de la Federación Nacional de Abogados de Perú que hayan presentado este recurso «irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales» y al «margen del respeto de los derechos fundamentales», según recoge el diario La República.

Castillo se encuentra en la cárcel después de que la Justicia dictaminara 18 meses de prisión preventiva en su contra tras el anuncio realizado el 7 de diciembre de la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.

Fuente: dpa

(Fuente imagen referencial: Presidencia de Perú, Europa Press)

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