Alemania ha asumido una postura más dura en cuanto a los migrantes que cada vez son más en toda Europa. El país plantea medidas que van desde recortes a los beneficios de quienes solicitan asilo, pagos en especia o más trabajo comunitario, hasta deportaciones.

Endurecer la política de asilo e inmigración en Alemania cuenta con el apoyo del canciller de la nación, Olaf Scholz, quien recientemente abordó el tema con los jefes de gobierno de los 16 estados federados.

La búsqueda de reducir las asignaciones y prestaciones sociales está forzando los límites, llevando a las autoridades a considerar las prestaciones de comida en alojamientos estatales, que se podrían traducir en un ahorro sobre los 1.000 millones de euros.

Alemania prevé la asignación de una tarjeta de pago desde inicios de 2024 para quienes soliciten refugio en el país, para facilitar la compra de alimentos sin dinero en efectivo. Asimismo, se favorecerá el trabajo comunitario. La modalidad de la tarjeta ayudará a evitar el envío de dinero a familiares en el país de origen.

Para controlar la trata de personas se mantendrán por un largo tiempo “los controles implementados desde octubre en las fronteras con Polonia, la República Checa y Suiza se mantendrán, dijo Olaf Scholz”.

Ante las dificultades financieras y de logística que enfrentan los municipios alemanes con el aumento de la migración, han enfocado sus demandas en tres puntos principales:

• La limitación de la inmigración hacia Alemania, y, por lo tanto, reducir (o anular por completo) las asignaciones de refugiados para el propio municipio.
• Recibir más dinero del gobierno y los estados para poder hacer frente a las tareas in situ y, en tercer lugar, garantizar una financiación fiable y a largo plazo.
• Apoyo para alojar y proporcionar a los refugiados un espacio habitable, así como la promoción de la vivienda social.

Una medida más dura son las deportaciones. Al respecto, una quinta parte de los representantes municipales están de acuerdo con más deportaciones. Sin embargo, los analistas señalan que no representan una gran ganancia o aporte para la solución de la crisis migratoria.

M.Pino

Fuente: DW

(Fuente imagen referencial: Kay Nietfeld, dpa)

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El Gobierno alemán aprobó este miércoles hoy enmiendas legales para facilitar el acceso al mercado laboral de los solicitantes de asilo y extranjeros cuya estancia es tolerada en el país, informaron fuentes gubernamentales en Berlín.

Según lo dispuesto por el gabinete de socialdemócratas, verdes y liberales al mando de Olaf Scholz, dichas personas podrán obtener por regla general un permiso de trabajo. Además, la prohibición de trabajar para los refugiados que viven en centros de acogida inicial para personas solas se levantará después de seis meses. Antes, la prohibición de trabajar se aplicaba durante nueve meses.

La coalición de Scholz también quiere cambiar la regulación de la fecha límite para la llamada tolerancia laboral. Hasta ahora, solo pueden acogerse a ella quienes hayan llegado a Alemania antes del 1 de agosto de 2018. En el futuro, todos los que hayan entrado en Alemania antes de finales de 2022 podrán hacer uso de esta posibilidad para tener así una perspectiva de permanecer en el país a largo plazo.

Las personas que hayan presentado solicitudes de asilo «manifiestamente infundadas» procedentes de los llamados países de origen seguros o que se hayan negado a aclarar su identidad no podrán beneficiarse de las facilidades que se han introducido.

Los tolerados son personas obligadas a abandonar el país, pero que no pueden ser deportadas por determinados motivos. Según el Registro Central de Extranjeros, unas 304.000 personas estaban obligadas a abandonar el país a finales de 2022, de las cuales unas 248.000 tenían un permiso de tolerancia.

«Los empresarios buscan desesperadamente trabajadores, los municipios necesitan alivio y las personas que trabajan contribuyen, se convierten en contribuyentes», explicó Andreas Audretsch, líder adjunto del grupo parlamentario de Los Verdes.

También se aprobó una propuesta para endurecer las disposiciones penales contra los contrabandistas de personas. Los contrabandistas que por imprudencia pongan en peligro la vida de las personas serán castigados con cadena perpetua o prisión de 10 a 15 años. Hasta ahora, las penas oscilan entre tres y 15 años.

Fuente: dpa

(Fuente imagen referencial: Jeriden Villegas, Unsplash)

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