Reserve, la billetera digital, emitió un comunicado en el que anunció la suspensión indefinida de los depósitos y retiros en monedas nacionales para varios países de América Latina, incluyendo Venezuela, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá.

La medida, según la plataforma, entrará en vigor a partir del 3 de agosto de 2023 a las 12:00 PM, hora de Venezuela. A partir de esa fecha, los usuarios solo podrán realizar transacciones utilizando stablecoins, criptomonedas que brinden soporte y pesos mexicanos.

En el comunicado, la compañía explicó que esta decisión se debe a las crecientes dificultades que enfrentan las empresas cripto estadounidenses para ofrecer servicios financieros. Asimismo, Reserve señaló que están implementando este cambio debido a su intención de expandir sus operaciones en los Estados Unidos. Para lograrlo, las instituciones bancarias estadounidenses están exigiendo una mayor transparencia, formalidad y cumplimiento de las regulaciones financieras por parte de la empresa.

Como resultado de esta medida, Reserve anunció que adoptará un modelo en el que las instituciones bancarias serán los únicos intermediarios en las transacciones monetarias. Una vez que se hayan realizado estos cambios, la plataforma buscará establecer vínculos con los sistemas bancarios de América Latina para volver a ofrecer sus servicios.

K. Tovar

Fuente: Bancaynegocios

(Fuente imagen referencial: Gilles Lambert, Unsplash)

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El Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera (Seniat) explicó que las transacciones efectuadas mediante pasarelas de pago como Zelle, PayPal, Reserve y otras similares, estarán gravadas por el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) porque se realizan sin la intervención del sistema financiero venezolano.

El Gerente General de Servicios Jurídicos del Seniat, Carlos Ernesto Padrón Rocca, se pronunció sobre la consulta directa de Edwuard Rafael Sucre Guzmán, gerente de fiscalización de la autoridad tributaria, relacionada con las dudas más comunes que se plantean alrededor de la reforma del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF). Dicho impuesto impone un gravamen de 3 % a los pagos con moneda extranjera y criptoactivos distintos al petro.

El documento fue citado por diferentes cuentas a través de la red social de mensajería instantánea Twitter y aunque la medida impacta directamente al consumidor, quien debe cancelar más por utilizar divisas, los comercios son los que tienen que adaptarse a este nuevo mecanismo tributario.

Los comercios están «pasando por un tormento» para poder cobrar el tributo debido a que deben adecuar sus sistemas y eso tiene algunas implicaciones técnicas. Además, la carencia de información y los “vacíos en la norma”, no les permitió a los comercios adaptar sus sistemas antes de que entrara en vigencia el impuesto.

Toda esta situación ha provocado que un 75 % de las empresas del sector comercial no tengan capacidad para cobrar el impuesto al dólar, según los datos suministrados por el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).

Limitaciones para el cobro del IGTF

Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio, destacó que la principal limitación que están padeciendo los comerciantes para cobrar el impuesto es la imposibilidad de sustituir o actualizar las máquinas fiscales, a fin de poder reflejar el monto del IGTF en la factura.

De acuerdo con Polesel, solventar esta situación requiere una inversión significativa que muchos comercios, especialmente los pequeños, no están capacidad de realizar en «poco tiempo». Incluso, «no tienen ni siquiera la posibilidad de recurrir a préstamos», apuntó.

Resaltó la presidenta de Consecomercio: «Estamos convencidos de que debemos corregirlo. Hay que entender cómo funciona el sector y cuáles son las debilidades para poder incorporar esta contribución. No nos estamos negando al cumplimiento, solo pedimos más tiempo para hacer que funcione».

La representante del sector comercial subrayó que existe la posibilidad de un «grado cada vez mayor de informalidad, pues los comercios que no puedan cumplir con la normativa. No dejarán de operar, sino que migrarán a ese mercado no regulado que incluso afecta al Estado, pues tampoco se pagaría el IVA».

M. Rodríguez

Fuente: primicia.com.ve

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