La Unión Europea (UE) decidió adoptar oficialmente el reglamento que establece que los depósitos comunitarios de gas deben ser cargados por lo menos al 80 % de su capacidad para el próximo otoño. Además, obliga a compartir los tocks entre los países de la UE con la finalidad de atenuar el impacto que provocará la ruptura total de suministro de gas por parte de Rusia.

El Consejo de la Unión Europea tomó la medida formalmente en el Consejo de Ministros de Energía de los veintisiete y considera que “este es un paso importante para fortalecer la seguridad del suministro energético de la UE en el contexto de la guerra en Ucrania”.

La norma que fue negociada durante dos meses y convenida por el Parlamento Europeo establece: “Los almacenamientos subterráneos de gas en el territorio de los Estados miembros deben llenarse, al menos a 80 % de su capacidad, antes del invierno de 2022-2023 y al 90 % antes de los períodos invernales siguientes”.

Almacenamiento representa una carga financiera

De acuerdo a lo estipulado en la norma jurídica, aquellos países miembros que no cuentan con las instalaciones necesarias para almacenar gas dentro de su territorio deben acumular “un 15 % de su consumo interno anual de gas en reservas ubicadas en otros países”, teniendo que enfrentar la “carga financiera que suponga ese mecanismo de solidaridad”.

En términos generales, la UE aspira cargar de manera colectiva un 85 % de su capacidad de almacenamiento subterráneo de gas en el 2022, mientras que actualmente solo cuenta con una capacidad de almacenamiento equivalente a 55,71 % en sus depósitos.

La normativa también establece una excepción para Chipre, Malta e Irlanda, siempre y cuando no estén interconectados directamente con el sistema de gas de otros Estados miembros.

M. Rodríguez

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Fuente: bancaynegocios.com

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La aplicación del reglamento MiCA (markets in crypto assets) que respalda legalmente el servicio de criptoactivos en el mercado fue deferido por la Unión Europea para el 2024 y remitido al Consejo de Europeo, que agrupa los 27 gobiernos, donde será debatido.

El reglamento es una norma que el mercado está reclamando y espera ansiosamente para poder ofrecer los servicios de criptoactivos con respaldo legal, además es un instrumento también anhelado por algunos entes reguladores como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para normal un sector que de acuerdo con sus declaraciones está lleno de especulaciones y esquemas fraudulentos.

De acuerdo a las versiones destacadas en diferentes medios especializados, el último borrador del reglamento MiCA demora la aplicación para la mayor parte de las criptodivisas, como el bitcoin y el resto de las monedas digitales, considerado como uno de los temas más urgentes, al menos para los inspectores financieros españoles.

Como se recordará en el primer borrador del reglamento se preveía un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor para su aplicación efectiva. Sin embargo, en la última versión fue modificada y se adelantó 6 meses para la aplicación en lo referente a las divisas virtuales ligadas a stablecoins, pero retrasa hasta 24 meses para los activos remanentes del ecosistema cripto.  

Regulación nacional para los criptoactivos

La Unión Europea ha realizado grandes esfuerzos por lograr una regulación en la zona, pero los nuevos plazos están obligando a los países a tomar medidas nacionales y particulares. Muchos analistas de la industria criptográfica destacan que los Estados deben tomar sus propias normas y así lo establecen los diferentes borradores del reglamento europeo.

El proyecto de ley prevé un “procedimiento simplificado para reconocer a los proveedores autorizados según la normativa propia de los distintos países”, lo cual implica la regulación nacional.

Países como Alemania, Francia y Luxemburgo están realizando gestiones para desarrollar su propio marco jurídico, mientras que en Portugal han optado por suministrar una fiscalidad interesante que permita atraer inversionistas de la industria cripto. De acuerdo con los analistas, España debería impulsar su propia regulación porque de lo contrario quedaría atrás.

M. Rodríguez

Fuente: es.cointelegraph.com 

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El gabinete de la canciller alemana Angela Merkel aprobó un código de normas éticas para los grupos de presión. El instrumento obliga a los grupos de presión profesionales, entre otras cosas, a revelar sus intereses y sus clientes. El reglamento aún debe ser aprobado por el Parlamento.

El código de conducta está previsto en la Ley de Registro de Grupos de Presión que el Legislativo germano aprobó en marzo, y entrará en vigor junto con este el 1° de enero de 2022. El objetivo es dejar más claro quién ha ejercido influencia en las decisiones políticas y la legislación.

La ley obliga a los grupos de presión que tratan de promover los intereses de grupos específicos en el Parlamento o ante el Gobierno federal a proporcionar detalles de sus empleadores o clientes en un nuevo registro, así como el número de empleados y los desembolsos financieros para el cabildeo.

Las reuniones en los ministerios deben registrarse hasta el nivel de jefes de subdepartamento. El registro se conservará de forma digital en el Parlamento. Quienes no cumplan las normas se enfrentarán a una multa de hasta 50.000 euros (60.000 dólares).

El código detalla las normas de conducta de los grupos de presión. Por ejemplo, no se les permite acordar honorarios de contingencia, en los que el importe de la remuneración dependa del éxito de su trabajo. También se les prohíbe influir en sus interlocutores mediante ventajas financieras o de otro tipo.

Fuente: dpa

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