El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Hacienda, mejoró sus previsiones en relación con el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país en 2023 que, según sus estimaciones, se expandirá 0,3 % al cierre del año frente a la caída de 0,7 % que se esperaba en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2022.

Así, el Gobierno se suma a otras instituciones del país, como el Banco Central de Chile, que también señalaron que la economía chilena crecerá más de lo previsto inicialmente. En el caso del organismo central, se estima que el PIB podría aumentar hasta un 0,5 % y, en el peor de los escenarios, tan solo contraerse un 0,5 %.

Por el contrario, distintos organismos internacionales como el Banco Mundial o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) manifestaron recientemente que la economía de Chile se contraerá en 2023, con un retroceso del PIB del 0,7 % o del 0,3 %, según sendas instituciones.

Por su parte, la inflación mantendrá su trayectoria a la baja durante el año, asegurada por la contracción monetaria y fiscal, la caída en los precios de las materias primas a nivel global, la apreciación del peso y el ajuste de la demanda interna. En el informe del Gobierno se proyecta un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 4,6 % a diciembre, que en el año promediará al 7,9 %.

El buen desempeño de la actividad económica en los primeros meses del año y una menor base de comparación han llevado a revisar al alza las estimaciones de crecimiento del PIB y la demanda interna para 2023.

Fuente: dpa

(Fuente imagen referencial: Unsplash)

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El Ministerio de Hacienda ha adelantado a 2022 la entrada en vigor del impuesto de ‘solidaridad’ para las grandes fortunas, con el que el Gobierno espera recaudar 3.000 millones en dos años, según han confirmado a Europa Press fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero. Hasta ahora, el Gobierno había asegurado que el impuesto entraría en vigor en 2023 y se extendería hasta el año 2024.

Con este cambio, el nuevo tributo estará en vigor durante los años 2022 y 2023 para que la recaudación tenga efectos en 2023 y 2024, coincidiendo con la liquidación de dicho impuesto. Tras estos dos años, el Gobierno evaluará si lo mantiene o no.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advirtió ayer de que el impuesto tendría que entrar en vigor este mismo año, dado que el plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas hace unas semanas recoge que la recaudación de ese nuevo tributo tendrá efectos en 2023. Concretamente, la AIReF prevé una recaudación para el próximo año de 1.270 millones de euros y de 1.370 millones para 2024.

La intención de Hacienda es aprobar, por tanto, el nuevo impuesto a las grandes fortunas antes del 31 de diciembre de este año para que pueda entrar en vigor en 2022, y una de las opciones que baraja es introducirlo como enmienda a la proposición de ley que tramita en estos momentos el Congreso para gravar los ingresos extraordinarios a energéticas y entidades financieras.

El nuevo impuesto sobre grandes fortunas gravará la riqueza neta superior a los tres millones euros, con tres tramos: 1,7 % a patrimonios entre 3 y 5 millones; 2,1 % a patrimonios de entre 5 y 10 millones, y un 3,5 % a partir de 10 millones.

Con este nuevo impuesto, que permitirá deducir 100 % de lo pagado por el Impuesto de Patrimonio que gestionan las CCAA, el Gobierno espera recaudar 3.000 millones de euros en 2023 y 2024. No obstante, la AIReF estima que la recaudación será algo más baja, unos 1.270 millones en 2023 y 1.370 millones en 2024.

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Fuente: dpa

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El Ministerio de Hacienda español, por medio del Sindicato de Técnicos del Ministerio, GESTHA, informó que viene incrementando sus esfuerzos de supervisión y control a las operaciones con criptoactivos y continuará “vigilando a los proveedores de wallets/billeteras digitales y las empresas relacionadas con pagos cripto”.

El ente regulador destacó que desde hace varios años viene monitoreando el mercado criptográfico y “había logrado gradualmente establecer medidas de control para detener los esfuerzos de lavado de dinero que hacen uso de bitcoin (BTC) y otros tokens”.

Carlos Cruzado, presidente de GESTHA, señaló que la institución no tiene intenciones de hostigar o vigilar a los ciudadanos u organismos que adquieran o realicen operaciones con criptomonedas, pero advirtió que todos los criptoinversores “deberían declarar las operaciones” de acuerdo a los establecimientos jurídicos del país.

Como se recordará, el pasado mes de junio el Parlamento español aprobó la ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, en la cual se prevé la inclusión como sujetos obligados a los proveedores dedicados a servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal, y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos (Wallet Service Providers o, simplemente, wallets) o de salvaguarda de claves.

Adicionalmente, se establece la obligatoriedad que tienen los ciudadanos españoles a declarar sus que las posesiones en “cripto en exchanges con sede en el extranjero”.  En caso de no cumplir con el requisito serán sancionados con una “multa fija de 5.900 dólares por cada infracción”.

El Ministerio, junto con la Agencia Tributaria española, se encuentra intensificando la vigilancia y actualmente ambos están exhortando a todos los ciudadanos sospechosos de comercializar con criptomonedas a realizar las declaraciones de sus actividades y ganancias, porque de lo contrario podrían ser sancionados por los entes reguladores

M. Rodríguez

Fuente: cripto247.com

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