Un grupo conformado por ocho organizaciones ecologistas solicitaron a diferentes instituciones gubernamentales de Estados Unidos aplicar medidas estrictas a los permisos operativos otorgados a las empresas mineras de Proof-of-Work y otras operaciones de minería de criptomonedas.

Las organizaciones Earthjustice, Greenpeace, la Liga de Votantes por la Conservación, el Club Sierra, Amigos de la Tierra, el Guardián del Lago Séneca y el Guardián del Río Milwaukee, exhortaron a la administración del presidente Joe Biden a proclamar “políticas destinadas a frenar el uso de electricidad y la contaminación climática asociada a las monedas digitales que dependen del modelo PoW».

El grupo ambientalista arguyó que la minería afecta a las comunidades porque se incrementa la demanda de electricidad proveniente de combustibles fósiles, amenaza la cadena de suministro de “chips para los rigs de minería”, genera residuos electrónicos y no aporta a la evolución de la energía renovable.

Medidas recomendadas

Las instituciones ambientalistas solicitaron a la Agencia de Protección Ambiental aminorar los daños de la eliminación de residuos electrónicos de la minería de criptomonedas; afrontar las quejas de contaminación acústica supuestamente causada por los rigs de minería.

También solicitaron a la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Oficina de Gestión y Presupuesto crear un registro donde las operadoras de minería PoW puedan revelar sus “fuentes y cantidades de energía consumida».

Adicionalmente, exhortaron a los entes regulatorios del sistema financiero a exigirle a las casas de cambio cotizar “activos digitales que cumplan ciertas normas medioambientales y de electricidad».

M. Rodríguez

Fuente:  es.cointelegraph.com

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El Tribunal de Cuentas Europeo advierte que la Unión Europea «no contribuye de manera suficiente» a canalizar inversiones hacia actividades sostenibles, al tiempo que ha señalado que la actuación del bloque en este campo «no será plenamente eficaz» si no se acompaña de «medidas complementarias» para paliar los costos sociales y medioambientales de la transición ecológica.

Los auditores señalan, en un informe publicado este lunes 20 de septiembre, que el camino hacia la neutralidad climática de la UE «requerirá inversiones públicas y privadas significativas», por lo que llama al bloque para que adopten «medidas más sistemáticas» para conseguirlo.

«Las actividades no sostenibles son todavía demasiado rentables. La Comisión ha contribuido en gran medida a mostrar con transparencia esta falta de sostenibilidad, pero aún debe encontrarse una solución a este problema subyacente», ha asegurado Eva Lindström, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe.

Así, los auditores europeos afirman que el Ejecutivo comunitario «debe aplicar criterios coherentes» para establecer la sostenibilidad de las inversiones que utilicen fondos europeos y «orientar mejor los esfuerzos encaminados a generar oportunidades de inversión sostenible».

Por eso, son enfáticos en destacar la importancia de completar el sistema común de clasificación de actividades sostenibles y recomiendan «otras medidas adicionales para garantizar que los precios de las emisiones de gases de efecto invernadero reflejen mejor sus costes medioambientales«.

Por otro lado, el informe del Tribunal de Cuentas Europeo subraya que el presupuesto de la UE no se ha sometido  plenamente a las buenas prácticas en materia de finanzas  y carece de criterios coherentes y provistos de base científica para evitar un daño significativo al medio ambiente». Este hecho «genera el riesgo de  poder  aplicar criterios incongruentes o de rigor insuficiente para determinar la sostenibilidad medioambiental y social de las mismas actividades financiadas por distintos programas de la UE»; entre ellos, el fondo de recuperación.

Fuente: dpa

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