El pasado 2 de septiembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió las Licencias Generales 51D, 54C y 55ª que flexibilizan las sanciones aplicadas a la industria del carbón y los minerales en Venezuela, incluido el oro.

Las licencias abren un camino a las “operaciones comerciales, suministro de servicios e inversiones internacionales con empresas estatales como Carbones del Zulia S.A. (Carbozulia) y la CVG Compañía General de Minería de Venezuela C.A. (Minerven) con entidades estadounidenses”.

Concretamente, la Licencia 51D “autoriza la ejecución de actividades de exportación, reexportación, compra, venta, transporte y refinado de carbón y minerales de origen venezolano y establece que todo pago monetario para personas o entidades estatales bloqueadas debe depositarse en los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, evitando la transferencia directa de divisas sin supervisión”, y establece la obligación de que cualquier litigio o arbitraje se resuelva en tribunales de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Singapur.

Por otro lado, la LG 54C permite la provisión de “bienes, servicios, tecnología, software y mantenimiento preventivo o reparación de equipos necesarios para la exploración y procesamiento minero en el país”. No obstante, determina que “las empresas prestadoras de estos servicios deberán presentar informes cada 90 días ante el Departamento de Estado y el Departamento del Interior detallando las partes involucradas, volúmenes, montos e impuestos pagados”.

Finalmente, la LG 55A permite la negociación y firma de “acuerdos de intenciones, memorandos de entendimiento y ofertas de licitación para futuras inversiones o creación de joint ventures”, con la condición indispensable de que la “ejecución de cualquier nuevo proyecto dependerá de una autorización o licencia específica adicional por parte de la OFAC”.

Entre las restricciones que aplican están las prohibiciones dirigidas a contener la influencia de países que considera no alineados y esquemas de pago no rastreables. Las nuevas licencias prohíben toda transacción, alianza (joint venture) o refinado que involucre a personas, empresas o gobiernos de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China. Asimismo, restringe cualquier pago en criptomonedas o tokens del gobierno venezolano (incluido el Petro), ni canjes de deuda o pagos en especie.

M.Pino

Fuente: contrapunto

(Imagen referencial: Artyom Korshunov en Unsplash)

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Con 370 votos a favor y 48 en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes 1 de septiembre una resolución para prorrogar el presupuesto federal, vigente desde el 30 de septiembre hasta el 11 de diciembre.

Con esta prórroga, que ya había sido aprobada en agosto por el Senado, se logró evitar el cierre del gobierno antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre y sus consecuencias para el país, como la suspensión del salario de miles de trabajadores federales, el cierre de numerosas agencias en el país, entre otros.

Como se recordará, en 2025 ocurrió el “cierre de Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, de 43 días, ante la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para extender los subsidios de los planes de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare”.

Los miembros del Congreso parecen tomar medidas más cautelosas ante la proximidad de las elecciones legislativas, que pondrá en juego la mayoría republicana en el Congreso, que respalda la agenda de la Administración de Donald Trump.

M.Pino

Fuente: swissinfo

(Imagen referencial: Chandler Cruttenden en Unsplash)

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En 2027 está previsto el lanzamiento de la BankChain Alliance, formada por 39 asociaciones bancarias de Estados Unidos que buscan dar a la industria su propia red blockchain para establecer pagos inteligentes, depósitos tokenizados y transacciones con stablecoins.

BankChain Alliance es “una red propiedad de la industria, diseñada por la industria y gobernada por la industria”, dentro de la esfera regulada de la banca nacional. Para presidir el proyecto seleccionaron a Kathy Kraninger, CEO de la Florida Bankers Association.

La funcionaria la definió como “una red segura y regulada para bancos de todos los tamaños, incluidos los de comunidades rurales”.

Por los momentos no existe socio tecnológico, por lo que los cambios aún no se han descrito. En todo caso, se espera que BankChain Alliance pueda operar con otros sistemas blockchain.

“Si el proyecto avanza, la competencia no será solo entre empresas cripto y bancos, sino también entre rieles bancarios para dinero tokenizado y redes públicas. Hasta que exista un socio tecnológico, un piloto o una implementación concreta, BankChain sigue siendo un proyecto en desarrollo, aunque el anuncio muestra que la banca tradicional busca ocupar un lugar más activo en la infraestructura financiera basada en blockchain”.

M.Pino

Fuente: cripto247

(Imagen referencial: Kanchanara en Unsplash)

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Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos anunciaron el viernes 28 de agosto la firma de un acuerdo histórico para el control por parte del país norteamericano de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano, por 25 años, según aclaró la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, este fin de semana.

.@POTUS: “Última hora: ¡Los Estados Unidos de América acaba de llegar a un acuerdo con Venezuela, el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial! Bajo mis instrucciones, @SecRubio y @SecWar, trabajando estrechamente con la muy respetada Presidenta Interina de Venezuela, Delcy… https://t.co/TzrlvimgQv

— Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) August 28, 2026

El anuncio ha generado fuertes críticas y opiniones opuestas, que hacen pensar que dicho acuerdo es una nueva estrategia de Donald Trump para un control mayoritario de las reservas petroleras venezolanas.

Por otro lado, las conjeturas respecto a los beneficios reales para el ciudadano común de estos ingresos no se han hecho esperar.

En todo caso, desde Venezuela señalan que este acuerdo busca potenciar las inversiones, además de promover la recuperación de la industria petrolera.

De acuerdo con Rodríguez, “el acuerdo traerá consigo inversiones por más de $ 100.000 millones, así como un ingreso en tributos para el Estado venezolano de unos $ 209.000 millones”.

Aunque la presidenta encargada insiste en que “Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, Trump dejó claro que su Administración tendrá el control del 50 % de una empresa conjunta que se formará tras la firma del acuerdo.

M.Pino

Fuente: BBC

(Imagen referencial: WORKSITE Ltd. en Unsplash)

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La semana pasada Meta aceptó pagar $ 18.000 millones por la demanda de 29 fiscales estatales en Estados Unidos que acusaban a la plataforma de mantener un diseño adictivo perjudicial para niños y jóvenes en plataformas como Instagram y Facebook. Desde Bruselas, exigen que la protección ofrecida por la tecnológica sea permanente.

Así lo indicó el jueves 27 de agosto la Comisión Europea, que instó a Meta a “ofrecer compromisos permanentes para proteger a los menores en la Unión Europea (UE), a diferencia del acuerdo judicial alcanzado esta semana por la compañía en Estados Unidos, que contempla protecciones limitadas en el tiempo”.

La Comisión indicó que Meta debe respetar la legislación regional. El portavoz comunitario Thomas Regnie dijo, respecto al acuerdo alcanzado por la empresa de Mark Zuckerberg la semana pasada, que no hay nada nuevo, se mantiene un diálogo continuo,  por lo que “Bruselas busca garantizar al menos un nivel de protección equivalente para los menores europeos” luego de que se concluyera que redes sociales como Facebook e Instagram son adictivos, e incumplen la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

El funcionario insistió que se deben tomar medidas de mitigación de riesgos como establece la DSA y no quedarse en medidas prescriptivas como las estadounidenses.

M.Pino

Fuente: swissinfo

(Imagen referencial: Kateryna Hliznitsova en Unsplash)

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Japón anunció el miércoles 26 de agosto un plan para diversificar las fuentes de crudo a fin de reducir su dependencia del estrecho de Ormuz. El plan incluye el trabajo conjunto con países del Medio Oriente para la construcción de oleoductos.

Según reportó el diario económico Nikkei, “las medidas energéticas incluyen subvenciones a las empresas que adquieran petróleo crudo y productos derivados como la nafta sin pasar por el estrecho de Ormuz, para compensar el aumento de los costes de transporte”.

La búsqueda del gobierno japonés tiene ahora más sentido que nunca, considerando que la importación de crudo de Medio Oriente es de 90 %.

En este sentido, el archipiélago maneja alternativas para obtener crudo por rutas alternativas, con la carga de petroleros en el puerto de Fujairah en Emiratos Árabes Unidos (EAU), o en el puerto de Yanbu en Arabia Saudí, además de considerar otras fuentes de crudo como Estados Unidos, Argelia y Perú.

“Bajo la dirección de la estatal Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), el plan prevé también partidas de ayuda económica cuyo monto no ha sido develado para sufragar la construcción de oleoductos en Medio Oriente”.

M.Pino

Fuente: swissinfo

(Imagen referencial: Jason Rost en Unsplash)

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Una nueva regla aprobada el pasado 14 de agosto por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos exime de forma permanente a las empresas nacionales y a los ciudadanos de reportar los beneficiarios finales, exigidos por la Ley de Transparencia Corporativa.

“La medida, que también contempla borrar datos previamente entregados, mantiene obligaciones para compañías extranjeras registradas para operar en el país”.

Con la aprobación de esta normativa se prevé la eliminación de los datos previamente presentados sobre personas estadounidenses. Por otro lado, sigue vigente la exigencia de que las empresas extranjeras se registren para hacer negocios en la nación norteamericana, sujetas a la divulgación ante FinCEN.

La decisión reduce el alcance interno de una de las normas de divulgación corporativa más amplias aprobadas recientemente en Estados Unidos. Sin embargo, “no elimina por completo el régimen de transparencia, porque las compañías creadas bajo leyes extranjeras que se registren para operar en el país conservarán sus obligaciones de reporte ante FinCEN”.

Bajo la nueva herramienta legal se redefine el concepto de “empresa informante para excluir a cualquier entidad formada conforme a la legislación estatal o tribal de Estados Unidos”.

M.Pino

Fuente: diariobitcoin

(Imagen referencial: Gabrielle Henderson en Unsplash)

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La economía de Estados Unidos enfrenta un revés, a consecuencia de medidas desde 2025 por el Presidente Donald Trump, la decisión del Tribunal Supremo de declarar ilegal la recaudación de aranceles del mandatario y el gasto del gobierno federal que sobrepasa sus ingresos por $ 2 billones. Todo ello ha elevado la deuda soberana por encima de los $ 4 billones.

“El hito se alcanzó apenas 5 meses después de superar los $ 39 billones”, según los datos emitidos el miércoles pasado por el Departamento del Tesoro. Según el informe Deuda calculada al centavo, “el pasivo total del Gobierno Federal de Estados Unidos es de 40.047 billones de dólares”.

El escenario se agrava debido al aumento de la deuda vinculada a la salud y la seguridad social además de los intereses pagados por el país. “La cifra contrasta con un pronóstico anterior de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que preveía que el endeudamiento total alcanzaría los 39,4 billones de dólares para el final del año fiscal 2026, en septiembre”.

Las proyecciones son poco alentadoras y suponen que la deuda siga aumentando, considerando que la rentabilidad del bono estadounidense a 30 años volvió a alcanzar la semana pasada su nivel más alto en 19 años en medio del temor a una subida de la inflación por la guerra en Irán.

M.Pino

Fuente: dw

(Imagen referencial: Tabrez Syed en Unsplash)

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Con la emisión de la Licencia General Y5, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, (OFAC) del Departamento del Tesoro, Estados Unidos, fue extendida hasta el 17 de septiembre próximo la protección sobre Citgo, filial de Pdvsa, considerada un activo estratégico en litigios de deuda venezolana.

En este sentido, la OFAC prorrogó la restricción a los acreedores ejecutar acciones sobre activos vinculados al bono Pdvsa 2020.

La nueva licencia establece que “salvo lo dispuesto en el párrafo (b) de esta licencia general, a partir del 17 de septiembre de 2026, se autorizan todas las transacciones relacionadas con, la provisión de financiamiento para, y otras operaciones con el Bono al 8.5 por ciento de Petróleos de Venezuela, S.A. 2020 que estarían prohibidas por el inciso l(a)(iii) de la Orden Ejecutiva (O.E.) 13835 del 21 de mayo de 2018, enmendada por la O.E. 13857 del 25 de enero de 2019, e incorporada al Reglamento de Sanciones contra Venezuela, 31 CFR parte 591 (el VSR)”.

En este proceso se mantiene la suspensión a la ejecución definitiva de Citgo, decidida por un tribunal de Delaware a favor de Amber Energy, filial de Elliott Investment Management.

M.Pino

Fuente: talcualdigital

(Imagen referencial: Mathias Reding en Unsplash)

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Amazon recibió un reembolso cercano a $ 600 millones por concepto de aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, y que fueron considerados ilegales por la Corte Suprema del país.

La tecnológica estadounidense ha declarado que va a devolver parte de ese dinero, reembolsado en el segundo trimestre, a los clientes afectados.

En detalle, se pudo conocer que la Corte Suprema invalidó los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), por lo que el gobierno fue obligado a devolver el dinero.

La decisión de devolver dinero a clientes podría generar una ventaja reputacional para Amazon. Además, refuerza la narrativa de que la empresa prioriza el bienestar del consumidor por encima de márgenes adicionales”.

M.Pino

Fuente: diariobitcoin

(Imagen referencial: Andrew Stickelman en Unsplash)

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