La Unión Europea (UE) tomó la decisión de eliminar a Bahamas, Belice, las islas Seychelles y las islas Turcas y Caicos de su lista de paraísos fiscales. Sin embargo, Panamá permanece en dicha lista. Esta medida ha sido objeto de controversia y ha generado opiniones encontradas.

La lista, que fue aprobada por los 27 estados miembros de la UE, ahora incluye a 12 jurisdicciones consideradas no cooperativas en cuestiones fiscales, especialmente en lo que respecta al intercambio de información.

Las jurisdicciones eliminadas han sido objeto de críticas. Oxfam, un grupo dedicado a combatir la pobreza, ha calificado esta actualización como “una pérdida de tiempo”. Según Chiara Putaturo, experta de Oxfam en temas fiscales, “Bahamas es uno de los peores paraísos fiscales del mundo, pero ha sido eliminado de la lista. Lo mismo ocurre con las Seychelles, un semillero de empresas fantasma donde las multinacionales obtienen enormes ganancias”.

Por otro lado, el Consejo Europeo lamenta que estas jurisdicciones aún no cooperen en cuestiones fiscales y las insta a mejorar su marco legal para resolver los problemas identificados.

Es importante destacar que la lista de paraísos fiscales se creó en 2017 tras una serie de escándalos, incluido el famoso caso de los “Papeles de Panamá”, que presionaron a Bruselas a tomar medidas drásticas contra la evasión fiscal.

K. Tovar

Fuente: Bancaynegocios

(Fuente imagen referencial: @_NOALCOMUNISMO, X)

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La Comisión Europea ha planteado este jueves la creación de un órgano ético unificado para las instituciones europeas con el objetivo de que la Unión Europea cuente con estándares comunes en el funcionamiento de sus principales instituciones, un paso que llega tras el escándalo generado por la trama de sobornos de Qatar y Marruecos en el Parlamento Europeo.

En su presentación en rueda de prensa desde Bruselas, la vicepresidenta responsable de Transparencia y Valores, Vera Jourova, ha subrayado que el órgano cerrará la brecha entre «estándares diferentes y opacos». «Quiero que los estándares sean altos, claros y que apliquen a todas las instituciones», ha defendido.

La iniciativa de Bruselas alude a ocho instituciones europeas. Además, de la propia Comisión Europea, la medida se propone para el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE, el Tribunal de Justicia de la UE, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, abriendo la puerta a que otras instituciones como el Banco Europeo de Inversiones se sume al acuerdo una vez entre en vigor.

En todo caso, la puesta en marcha de este órgano necesitará de un acuerdo interinstitucional de todas ellas. Es por eso que Jourova ha convocado a principios de julio un primer encuentro político de sus dirigentes que servirá para dar el pistoletazo de salida a las negociaciones.

La idea es que los miembros de estas instituciones de la UE estén sujetos a reglas comunes, claras, transparentes y comprensibles, en áreas como la aceptación de regalos, viajes, premios y condecoraciones o las medidas de transparencia para mantener reuniones con representantes de lobbies, en una propuesta para extender a otras instituciones el registro de transparencia que ya opera en la Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo de la UE.

El órgano de nuevo cuño aspira a establecer reglas para un criterio unificado sobre la declaración de intereses y bienes y los procesos a seguir en estas declaraciones; a arrojar claridad sobre las actividades externas permitidas para miembros de instituciones y a fijar requerimientos y condiciones para las actividades de antiguos representantes de las instituciones una vez dejan el cargo.

Las reglas que fije este cuerpo ético serán legalmente vinculantes y cada institución tendrá que aplicar los estándares en sus reglas internas, ha indicado Jourova, quien ha insistido en que esto incluye la aplicación práctica de sanciones unificadas ante casos de violación de los códigos.

El fin último, según ha argumentado la comisaria checa, es promover una cultura ética común que permita mejorar la transparencia en el funcionamiento de las instituciones, tanto para sus miembros como para el público en general.

Fuente: dpa

(Fuente imagen preferencial: Emmanuel Burdin, Unsplash)

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