El 31 de diciembre de este año está previsto que entren en vigencia las Nuevas Normas de Deforestación para las grandes empresas productoras de cacao y café venezolanos.

Así lo indicó la oficial de Relaciones Internacionales en la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, María Madrid, añadiendo que las empresas venezolanas deberán ajustarse a las leyes del país en materia no solo comercial sino ambiental y de derechos humanos.

El nuevo reglamento de deforestación del bloque comunitario para la importación de café y cacao desde Venezuela fue presentado el martes 21 de abril por la delegación de la UN en el país sudamericano ante productores, exportadores, traders y comerciantes.

Madrid resaltó que “el reglamento se elaboró luego de analizar los productos que tienen más impacto en la deforestación, entre ellos la carne bovina, la soja, la madera, el café, el cacao, el caucho y la palma de aceite, así como sus productos derivados”.

M.Pino

Fuente: elnacional

(Imagen referencial: ALEXANDRE LALLEMAND en Unsplash)

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La reciente decisión del Congreso salvadoreño sobre la extensión del período presidencial a seis años y una reforma a la Constitución que permite la reelección indefinida ha desatado críticas dentro y fuera del país. Nayib Bukele, actual presidente, ha dicho que la medida no es una amenaza para la democracia.

Así se refirió el mandatario este domingo 3 de agosto al “trámite exprés, el Congreso, dominado por el oficialismo”, mediante el cual el jueves pasado se aprobó “una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, amplía el mandato de cinco a seis años, y elimina la segunda vuelta electoral”.

Bukele enfrentó las críticas acerca de las reformas que no tardaron en inundar las redes sociales. “Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) consideraron la decisión como un golpe mortal a la democracia y una manipulación a la Constitución para favorecer las ambiciones de poder de Bukele”.

El presidente salvadoreño, por su parte, se mantiene al margen de comentarios que lo definen como dictador. Actualmente, goza de gran popularidad por el combate a las pandillas, con lo cual ha reducido a mínimos históricos la violencia en el país.

M.Pino

Fuente: swissinfo

(Imagen referencial: Esaú Fuentes González en Unsplash)

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En el marco de la visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, el presidente de la nación caribeña Nicolás Maduro anunció este martes 23 de abril que está abierto al retorno de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

La decisión se produjo a instancias del fiscal de la CPI, quien se ha reunido desde el lunes con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, el presidente Nicolás Maduro, y otros representantes gubernamentales.

Como se recordará, hace dos meses aproximadamente Maduro expulsó de Venezuela a los representantes de la ACHNUD. Ahora, el mandatario venezolano indica que deben superar las diferencias que tuvieron, dejar atrás el conflicto.

Al respecto, Khan ha señalado: “Me muestro agradecido de que usted haya expresado su compromiso a mis instancias de permitir que la oficina del ACNUDH regrese a Venezuela y darle efecto lo más pronto posible, creo que es algo muy positivo”.

Se desconoce la fecha cuando la oficina de Volker Türk, alto comisionado para DDHH de la ONU, pueda estar de nuevo en Venezuela.

M.Pino

Con información de medios nacionales e internacionales y redes sociales

(Imagen referencial: @PresidencialVen, X)

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Este lunes llegó a Venezuela el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para una reunión con el presidente Nicolás Maduro. Durante el encuentro el fiscal reafirmó la apertura de una oficina en el país para “cooperar en la investigación de violaciones a los derechos humanos”.

Desde el Parlamento venezolano, Khan declaró: “Después de esta reunión estaré abriendo una oficina en Venezuela. No es una oficina secreta, no trabajo ilegalmente ni clandestinamente. En términos de estas decisiones, estamos abriendo una oficina por el apoyo y acuerdo con Venezuela”.

Subrayó que continuarán trabajando de la forma como lo han venido haciendo, con independencia e imparcialidad, “sin segundas intenciones, para que la ley, por la gracia de Dios, reine eficazmente”.

Según el fiscal de la CPI, las investigaciones están enfocadas hacia aspectos como “crímenes que pueden constituir genocidios, crímenes de guerra, o crímenes de lesa humanidad”.

Como se recordará, el tribunal internacional comenzó en 2018 un examen preliminar a la nación sudamericana luego de una denuncia interpuesta por Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá sobre la situación en Venezuela. “El examen pasó a convertirse en investigación formal en noviembre de 2021, tras la primera visita oficial de Khan a Caracas”.

M.Pino

Fuente: france24

(Imagen referencial: @elestimulo, X)

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En el marco de la I Conferencia Internacional Parlamentaria Rusia-América Latina, parlamentarios de Rusia y América Latina expresaron su enérgica condena hacia las sanciones unilaterales impuestas por países occidentales a un grupo de treinta naciones.

La presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko, durante su discurso en la plenaria de la conferencia en Moscú, declaró de manera contundente: «Nos oponemos firmemente a las sanciones, a cualquier restricción unilateral de carácter ilegítimo que vulnere el derecho internacional y las normas del comercio internacional».

Matviyenko hizo un llamado a la cooperación en los espacios parlamentarios internacionales para combatir esta práctica ilegal y subrayó la situación de Cuba, que lleva más de seis décadas bajo bloqueo, como un ejemplo de las consecuencias perjudiciales de estas sanciones.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, también denunció la grave situación causada por estas sanciones, señalando que «actualmente, 30 países están sufriendo 26.162 sanciones impuestas por un solo país y sus aliados, lo que representa el 28 % de la población mundial». Rodríguez calificó estas medidas unilaterales como una nueva «peste» que afecta al bienestar de los pueblos, su derecho a la salud pública, así como su acceso a la tecnología y el desarrollo.

El presidente de la Asamblea Popular de Cuba, Esteban Lazo, destacó el «recrudecimiento sin precedentes» del bloqueo económico y financiero de Estados Unidos contra su país, mencionando las 243 nuevas medidas impuestas por el expresidente Donald Trump y mantenidas por la administración de Joe Biden. Lazo calificó la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo como «especialmente cruel y políticamente motivada», lo que ha tenido graves repercusiones en las transacciones financieras de la nación.

Esta conferencia parlamentaria ha servido como un espacio crucial para la discusión y el llamado a la acción contra las sanciones unilaterales que impactan negativamente en la vida de millones de personas en todo el mundo.

K. Tovar

Fuente: Descifrado

(Fuente imagen referencial: Sincerely Media, Unsplash)

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Miles de migrantes sin dinero, o personas que perdieron su empleo a causa de la pandemia del Covid-19 en el sureste asiático, son víctimas de contrataciones forzadas por mafias de ciberdelincuentes bajo amenazas.

De acuerdo con un informe de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, miles de personas son reclutadas por bandas de criminales online que, tomando como ventaja su necesidad de dinero, amenazan a las familias y los arrastran a perpetuar ciberdelitos.

Se ha estimado, según una fuente confiable, unas 120.000 personas en esta situación en Birmania, así unas 100.00 en Camboya. No se descartan más casos en Laos, Filipinas y Tailandia.

Los migrantes que no cuentan con dinero para su subsistencia y atender las necesidades de sus familias son quienes normalmente son captados por estas mafias y obligados, bajo amenazas y tratos inhumanos, a cometer delitos en la red, particularmente en juegos ilegales, fraudes con criptomonedas, aplicaciones de cita fraudulentas, entre otros.

En este sentido, el Alto Comisionado de la ONU, Volker Turk, considera que estas personas son víctimas y no criminales. Aboga para que así sean tratadas, en vista de que son coaccionadas a realizar estos trabajos.

Las mafias sacan amplia ventaja de las personas que contratan de manera forzada, pues normalmente cuentan con formación universitaria, hablan otros idiomas o cuentan con conocimientos de Internet.

Más allá de las políticas de los países de sureste asiático para combatir la ciberdelincuencia, siempre se presentan vulnerabilidades y en ocasiones no se cumplen los estándares internacionales. Por lo que las víctimas de este tipo de abusos pueden pasar inadvertidas, además de ser las que normalmente son arrestadas por los delitos en la red.

M.Pino

Con información de medios internacionales y agencias

(Fuente imagen referencial: Unsplash, en colaboración con Getty Images)

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El presidente de la Unión Interparlamentaria (UIP), Duarte Pacheco, y su equipo llegaron a Venezuela este lunes 23 de agosto con la finalidad de sostener diversos encuentros con representantes del ejecutivo nacional y de la oposición a fin de indagar sobre la realidad sociopolítica del país.

En la comitiva también se encuentran el presidente del Comité de los Derechos Humanos de los parlamentarios Nassirou Bako-Arifari, además de Samuel Cogolati y Esther Anyakun Davinia, miembros del Comité Ejecutivo.

Durante la visita los parlamentarios tienen previsto sostener un encuentro con los directivos del Consejo Nacional Electoral, el Poder Moral y diputados de la Asamblea Nacional.  

El Gobierno Nacional señaló que los representantes de la Unión Interparlamentaria se reunirán “con el grupo venezolano ante UIP, además de la comisión especial de diálogo, paz y reconciliación de la Asamblea Nacional electa en 2020”. Por otra parte, también está en agenda un encuentro con Juan Guaidó y los Diputados de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015.

El pasado mes de abril el Gobierno de Nicolás Maduro extendió una invitación al grupo parlamentario para que visitara al país y “conozca la verdad de Venezuela (…), y sepa del trabajo en pro de la paz y la reconciliación que ha emprendido la nueva AN”, indicó Jorge Rodríguez

Sin embargo, en el mes de junio, Delsa Solórzano manifestó a través de su cuenta en Twitter que el Gobierno negaba el ingreso a una comisión de la UIP que venía al país con la finalidad de comprobar “la violación de derechos humanos de los parlamentarios electos en 2015 (…). Maduro teme a organismos de DDHH y por ello niega la entrada a Venezuela de la UIP”.

De acuerdo con lo señalado por Solórzano en ese momento, la Unión Interparlamentaria se encuentra investigando más de 140 denuncias entre las cuales destacan las “detenciones arbitrarias, torturas e inhabilitaciones ilegales de las que han sido víctima parlamentarios”.

M. Rodríguez

Fuente: contrapunto.com

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La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha exigido hoy a los gobiernos el «cese inmediato» del espionaje con tecnologías como el software espía israelí Pegasus «que violen los Derechos Humanos».

«El uso del software Pegasus para espiar a periodistas y defensores de Derechos Humanos entre otras figuras públicas es sumamente preocupante», ha subrayado Bachelet en un comunicado, en el que ha denunciado la utilización de este tipo de herramientas.

Asimismo, ha tildado de «extremadamente alarmantes» las informaciones que dan cuenta de un uso generalizado en distintos países del software Pegasus, creado por la empresa israelí NSO, y ha apuntado que estas revelaciones confirman algunos de los peores temores sobre el uso indebido e ilegal de la tecnología de vigilancia para socavar los Derechos Humanos de las personas.

De acuerdo con la Alta Comisionada de la ONU, estos informes confirman la urgente necesidad de regular mejor la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia y de garantizar una supervisión y autorización estrictas. Sin marcos regulatorios que cumplan con los Derechos Humanos, existen demasiados riesgos de que se abuse de estas herramientas para intimidar a los críticos y silenciar la disidencia.

En este sentido, Bachelet ha explicado también que la utilización de software de vigilancia se ha asociado con «arrestos, intimidación e incluso asesinatos de periodistas y defensores de Derechos Humanos» y ha lamentado que los informes de vigilancia también hacen que las personas se autocensuren «por miedo».

«Los periodistas y defensores de las garantías fundamentales juegan un papel indispensable en nuestras sociedades y cuando son silenciados todos sufrimos», ha criticado en este aspecto. De este modo, se ha dirigido a los estados para recordarles que las medidas de vigilancia «solo se justifican en circunstancias definidas rigurosamente y con un objetivo legítimo que las haga necesarias».

Además, ha agregado que los estados tienen el deber de proteger a las personas de las transgresiones del derecho a la privacidad por parte de las empresas.

Fuente dpa

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Chen Deming, Ministerio de Comercio de China, confrontó en su página web, las sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos contra 23 empresas chinas por su supuesta colaboración con los abusos contra las minorías musulmanas en Xinjiang, calificándolas como una «grave violación de las normas comerciales internacionales«.

Las sanciones estadounidenses son «una represión irracional contra las empresas chinas«, indicó el ministro, e instó a Estados Unidos a «corregir sus irregularidades«, Así lo señala el comunicado publicado por el Ministerio de Comercio Chino. Además, destacó que el país asiático «tomará las medidas necesarias para proteger sus derechos e intereses legítimos«.

Como se recordará, el pasado viernes, el Departamento de Comercio de EE.UU. anunció la inclusión de las empresas chinas en su Lista de Entidades, que recoge un conjunto de empresas y organizaciones a las cuales las empresas estadounidenses no pueden exportar o transferir bienes.

Según la información difundida por el Departamento de Estado, 14 de las empresas sancionadas son cómplices «en la campaña de Pekín de represión, detención masiva y vigilancia a los uigures, kazajos y otras minorías musulmanas en Xinjiang». Cinco fueron incluidas por lazos con el ejército chino y cuatro por hacer negocios con empresas que ya habían sido sancionadas por el Gobierno de EE.UU.

Las autoridades chinas consideran que «Estados Unidos abusa del control de exportaciones, no atiende a los hechos y utiliza los supuestos ‘derechos humanos‘ como excusa».

En los últimos años han surgido denuncias sobre la situación de algunos extranjeros y otras minorías musulmanes, quienes «estarían siendo internados en instalaciones vigiladas». Sin embargo, Pekín niega que se produzcan violaciones de derechos humanos en la región.

M. Rodríguez

Fuente: es.investing.com

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