Bajo la acusación de haber recopilado datos de usuarios menores sin el permiso de sus padres, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio han establecido una demanda a la plataforma TikTok.

Ambos organismos argumentan que “la popular aplicación para compartir fragmentos de video infringió la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet” y subrayaron que incurrió en una violación generalizada de las leyes que protegen la privacidad de los niños”.

Se estima que son millones los menores de 13 años quienes han sufrido una sostenida recopilación de datos. También, han “interactuado con usuarios adultos y han accedido a contenidos para adultos”, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia.

A TikTok se le acusa de permitir a los menores de edad crear cuentas y que navegaran en su red social, “frecuentada por 170 millones de personas en Estados Unidos”. La recopilación de datos ha sido sostenida desde 2019; asimismo, la información ha sido almacenada sin conocimiento ni autorización de los padres, incluso en el caso de cuentas creadas en Kids Mode (Modo Niños).

El fiscal general adjunto Brian Boynton indicó que la multa es una acción necesaria para impedir que menores de 13 años utilicen TikTok normal. Advirtió que se debe impedir que los acusados, “que son reincidentes y operan a gran escala, recopilen y utilicen datos privados de niños pequeños sin el consentimiento o control de los padres”.

Se pudo conocer que en el mes de junio la Agencia de Protección al Consumidor de Estados Unidos (FTC) presentó un informe al Departamento de Justicia en junio ante sospechas de violación de la ley por parte de TikTok y ByteDance.

Voceros de TikTok han lamentado la medida, y han señalado que se les acusa por prácticas pasadas, que ya han sido corregidas. Señalaron que están decepcionados de que el Departamento de Justicia haya optado por la multa en lugar de seguir trabajando juntos para encontrar una solución razonable.

Recordaron que han tomado medidas para proteger a los niños, como la eliminación de cuentas de menores de 13 años y la limitación del tiempo de visualización.

M.Pino

Fuente: france24

(Imagen referencial: Rubaitul Azad en Unsplash)

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado este martes tres años de cárcel para el ex CEO de la platadorma cripto Binance, Changpeng Zhao, mientras sus abogados han pedido libertad condicional.

Zhao se declaró culpable en 2023 ante el cargo de lavado de dinero en EE.UU. La audiencia está prevista para su sentencia el 30 de abril. Sin embargo, la información sobre la posible condena a tres años de cárcel se ha filtrado a los medios.

La noche del martes el Departamento de Justicia envió un memorando de sentencia, “argumentando que Zhao, mejor conocido por su apodo CZ, debería recibir una sentencia de 36 meses de prisión por su papel para permitir que el intercambio de criptomoneda violara las sanciones federales y las leyes de lavado de dinero”.

Esta violación no fue un accidente, de acuerdo con la justicia, ya que Zhao decidió tomar esta vía para atraer usuarios y obtener grandes ganancias.

Al declararse culpable en noviembre del año pasado, el experto en criptomonedas acordó con la Fiscalía renunciar a su cargo en la plataforma “y consintió en una multa personal de 50 millones de dólares”. 

La sentencia será emitida el 30 de abril. Zhao debe permanecer en Estados Unidos, ya ques su petición de regresar a Dubai, donde reside con su familia, fue denegada.

M.Pino

Fuente: diariobitcoin

(Imagen referencial: Unsplash+, en colaboración con Yunus Tuğ)

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La entrada Justicia de Estados Unidos pide tres años de cárcel para ex CEO de Binance  apareció primero en Bitfinance.

Estados Unidos ha conducido distintos procesos judiciales recientemente en el ámbito de las criptomonedas. Las medidas de vigilancia del Departamento de Justicia se han vuelto más radicales luego de los casos de FTX y Binance.

Teniendo por norte la seguridad de los activos de los clientes, Estados Unidos ha radicalizado el seguimiento a las transacciones con criptomonedas. Con ello han logrado sacar a la luz casos de estafa, incumplimiento de las regulaciones, evasión de controles, entre otros delitos.

Es escándalo más reciente en este mercado es el del exchange Binance, donde el CEO Changpeng Zhao se vio forzado a dejar el cargo y pagar una multa millonaria a las autoridades.

La radicalización de la supervisión, según algunos analistas, podría llevar a la plataforma a la quiebra. Sin embargo, se trata de un control totalmente pertinente de la FED, la SEC y el Departamento de Justicia (DOJ).

Con el caso Binance, el DOJ aplicará en lo sucesivo medidas más fuertes en el sector cripto, que incluyen desde procedimientos internos hasta políticas antievasión para evitar fraudes, blanqueo de capitales, evasión de impuestos, financiamiento de actividades terroristas, entre otros.

M.Pino

Fuente: cripto247

(Fuente imagen referencial: Aditya Vyas, Unsplash)

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En una operación sin precedentes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la exitosa desarticulación de la infraestructura de un insidioso programa conocido como Qakbot. Esta red maliciosa, que había dejado su huella en más de 700,000 equipos alrededor del mundo, finalmente ha sido erradicada.

Bajo la dirección del FBI, la colaboración internacional jugó un papel clave en esta operación de gran envergadura. Autoridades de Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Rumanía y Letonia unieron sus fuerzas para poner fin a la amenaza de Qakbot.

El nefasto malware, empleado para el robo de datos sensibles, junto con su compleja red de bots, causó estragos financieros valuados en cientos de millones de dólares a nivel global.

La magnitud de esta acción conjunta representa el golpe más contundente liderado por Estados Unidos contra una red de bots, que hasta hace poco, había sido utilizada por cibercriminales para perpetrar ataques de ransomware, fraudes financieros y otros delitos cibernéticos. El Departamento de Justicia destacó la importancia de esta intervención en la lucha contra el crimen digital.

En el marco de esta operación, se incautaron cerca de 8.6 millones de dólares en criptomonedas, ganancias generadas ilegalmente por esta operación maliciosa.

El Fiscal General, Merrick Garland, enfatizó que esta operación ha enviado un claro mensaje a los ciberdelincuentes que dependen de programas maliciosos como Qakbot: no están fuera del alcance de la justicia. Explicó que el Departamento de Justicia logró infiltrarse en la infraestructura de Qakbot, desencadenando una campaña global para eliminar el malware de las máquinas de las víctimas tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

Según evidencia documentada, Qakbot, también conocido por alias como «Qbot» y «Pinkslipbot», es controlado por una organización cibercriminal que lo utiliza para atacar a industrias clave en todo el mundo.

El método preferido de infección de Qakbot es a través de correos electrónicos no deseados que portan archivos adjuntos o enlaces maliciosos. Una vez que se infiltra en un sistema, Qakbot tiene la capacidad de descargar malware adicional o incluso tomar el control completo de la máquina infectada.

En los últimos años, Qakbot ha servido como punto de entrada para varios grupos prolíficos de ransomware, incluyendo a Conti, ProLock, Egregor, REvil, MegaCortex y Black Basta. Estos grupos han sembrado caos extorsionando a empresas y organizaciones gubernamentales a través de ataques de ransomware, exigiendo pagos en Bitcoin a cambio de la restauración del acceso a sus sistemas.

La declaración del Departamento de Justicia concluye señalando que estos grupos de ransomware han dejado un impacto perjudicial en empresas, proveedores de atención médica y agencias gubernamentales alrededor del mundo.

K. Tovar

Fuente: Bancaynegocios

(Fuente imagen referencial: Michael Geiger, Unsplash)

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX), compañía fundada y dirigida por Elon Musk, por discriminar a los asilados y refugiados en los procesos de contratación de la empresa.

De tal modo, la demanda alega que, al menos desde septiembre de 2018 hasta mayo de 2022, SpaceX desanimó rutinariamente a los asilados y refugiados a postularse y se negó a contratarlos o considerarlos, debido a su estatus de ciudadanía, en violación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

En este sentido, el Departamento de Justicia sostiene que, en sus anuncios de trabajo y declaraciones públicas, SpaceX afirmó erróneamente que sólo podía contratar a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales como consecuencia de las regulaciones federales, cuando las leyes de control de exportaciones no imponen tales restricciones a la contratación.

«Nuestra investigación encontró que SpaceX no consideró ni contrató de manera justa a los asilados y refugiados debido a su estado de ciudadanía e impuso lo que equivalía a una prohibición de su contratación independientemente de su calificación, en violación de la ley federal», dijo la fiscal general adjunta del Área de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Kristen Clarke.

Asimismo, la denuncia recoge que los reclutadores y el personal de alto nivel de SpaceX «tomaron medidas que desalentaron activamente» a los asilados y refugiados en la búsqueda de oportunidades laborales en la empresa.

«A través de esta demanda, responsabilizaremos a SpaceX por sus prácticas de empleo ilegal y buscaremos ayuda que permita a los asilados y refugiados competir de manera justa por las oportunidades laborales y contribuir con su talento a la fuerza laboral de SpaceX», añadió.

K. Tovar

Fuente: Voz de América

(Fuente imagen referencial: SpaceX, Europa Press / dpa)

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El mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, Binance, está siendo investigado por un importante organismo federal del gobierno de EE.UU.

El Departamento de Justicia abrió una investigación para determinar si Binance permitió a los clientes rusos acceder a su plataforma de intercambio y mover dinero en violación de las sanciones estadounidenses relacionadas con la invasión rusa de Ucrania.

La división de seguridad nacional del DoJ está llevando a cabo la pesquisa para determinar si la empresa o sus ejecutivos violaron las sanciones económicas a Rusia. La investigación se produce en medio de la presión regulatoria que Binance ha estado enfrentando en varios países, incluidos Brasil, Reino Unido, Japón y Singapur.

Además, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. (CFTC) presentó una demanda contra Binance alegando que ofreció a sabiendas productos de criptoderivados no registrados a clientes estadounidenses, violando la ley federal.

También se informa que las cuentas de Binance han sido incautadas en Israel por presuntamente estar vinculadas a grupos terroristas como el Estado Islámico. Binance ha afirmado que cumple plenamente con todas las sanciones financieras estadounidenses e internacionales y ha aplicado los protocolos de conocimiento del cliente y una política de tolerancia cero para registros dobles, identidades anónimas y fuentes oscuras de dinero.

K. Tovar

Fuente: Diariobitcoin

(Fuente imagen referencial: Tingey Injury Law Firm, Unsplash)

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el gigante tecnológico Google por monopolio en el sector publicitario, por lo que reclamó al Tribunal del Distrito Este de Virginia que obligue a la empresa a escindir parte de su negocio de publicidad.

La demanda está liderada por el Departamento de Justicia, aunque a la acción judicial se han sumado los Estados de Virgina, California, Colorado, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island y Tennesse.

«La competencia en el espacio de tecnología publicitaria está rota, por razones que no han sido accidentales ni inevitables. Un mastodonte de la industria, Google, corrompió la competencia legítima de la industria de tecnología publicitaria participando en una campaña sistemática para tomar el control de una amplia gama de herramientas de alta tecnología usadas por editores, anunciantes y corredores para facilitar la publicidad digital», dijeron los demandantes.

Los fiscales de estos Estados aseguran que Google de quedarse con «al menos» el 30 % de las campañas que pautan los anunciantes en los sitios webs de los editores a través de su tecnología publicitaria.

Se trata de la segunda demanda que el Departamento de Justicia presenta contra Google. En 2020, el organismo ya empezó un proceso judicial contra la tecnológica alegando que había incurrido en prácticas monopolísticas para dominar el sector de las búsquedas en Internet, así como la publicidad en dichas búsquedas.

K. Tovar

Fuente: El Pais

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La entrada EE.UU. demandó a Google por monopolio apareció primero en Bitfinance.

Meta implementó el nuevo sistema en Estados Unidos dirigido a los anuncios de la propia empresa, con el objetivo de que su distribución sea más equitativa, siguiendo el acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia del país.

El sistema de reducción de variaciones es una herramienta de aprendizaje automático que Meta desarrolló junto con el Departamento de Justicia para que «la audiencia real que ve un anuncio refleje más fielmente la audiencia objetivo elegible para ese anuncio», como recoge en una publicación en su blog oficial.

Para reducir las diferencias entre las audiencias, durante el transcurso de una campaña el algoritmo analizará la distribución demográfica agregada de las personas que han visto el anuncio en los servicios de Meta para posteriormente compararla con el público objetivo elegido por el anunciante.

La compañía subrayó la privacidad de esta herramienta, que se basa en la geocodificación mejorada de apellido bayesiano, información procedente del censo del país, para garantizar la privacidad de las personas, a lo que se han sumado «mejoras de privacidad adicionales» que evitan, por ejemplo, la reidentificación de un individuos dentro de un conjunto de datos agregados.

Fuente: dpa

(Fuente imagen referencial: archivo)

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La Oficina del Inspector General (OIG) realizó recientemente una auditoria sobre la forma en que el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMS) resguarda las criptomonedas incautadas, haciendo énfasis en la importancia de mejorar las maneras.

Pese a que el resguardo por parte del USMS se está llevando a cabo de manera correcta, existe un riesgo en la forma en cómo se hace el inventario debido a la incapacidad del sistema existente (Consolidated Asset Tracking System).

Según datos presentados por la OIG, en 2021 se llevaron a cabo unas 200 incautaciones de criptomonedas del DOJ, las cuales sirvieron como ejemplos para la investigación para los desafíos presentado para el Servicio de Alguaciles.

«Las políticas actuales de gestión de criptomonedas incautadas del USMS son inadecuadas, no existen o, en algunos casos, proporcionan orientaciones contradictorias relacionadas con el almacenamiento, la cuantificación, la valoración y la eliminación de los activos», indica parte de la auditoria.

Al conocer la intención del USMS de externalizar la gestión de las criptomonedas incautadas, la OIG del Departamento de Justicia estableció varias recomendaciones para ayudar a mejorar la gestión de las mismas, comenzando por la implantación de un sistema de gestión de bienes «que registre el historial de ediciones para evitar la alteración fraudulenta de los registros del inventario».

K. Tovar

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Fuente: Cointelegraph

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Las autoridades estadounidenses detuvieron a Ilya Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan, a quienes la prensa estadounidense ha bautizado como los «Bonnie & Clyde de la era cripto«, por un presunto delito de conspiración para blanquear miles de millones de dólares en criptomonedas robadas durante el hackeo de la plataforma Bitfinex en 2016, según anunció el Departamento de Justicia.

Según documentos judiciales, Lichtenstein y Morgan presuntamente colaboraron en blanquear las ganancias obtenidas con los 119.754 bitcoins que fueron robados de Bitfinex y que, mediante transacciones no autorizadas, fueron enviados a una billetera digital bajo el control de Lichtenstein.

El valor de los bitcoins robados en 2016 rondaría en la actualidad los 4.500 millones de dólares, frente a los algo más de 71 millones de dólares en que se valoraban los criptoactivos en el momento del ataque informático.

Durante los últimos cinco años, aproximadamente 25.000 de esos bitcoins robados fueron transferidos desde la billetera de Lichtenstein a través de un complicado proceso de lavado de dinero que terminó con el depósito de parte de los fondos sustraídos en cuentas controladas por Lichtenstein y Morgan.

El resto de los fondos robados, que comprenden más de 94.000 bitcoins, con un valor actual de más de 3.600 millones de dólares permanecieron en la billetera y han podido ser incautados por el FBI.

De este modo, la operación representa «la incautación financiera más grande jamás realizada por el Departamento de Justicia», según la fiscal general adjunta Lisa O. Monaco, quien aseguró que se demuestra que las criptomonedas «no son un refugio seguro para los delincuentes».

«Podemos rastrear el dinero a través de ‘blockchain’ y no permitiremos que las criptomonedas sean un refugio seguro para el lavado de dinero o una zona de anarquía dentro de nuestro sistema financiero», añadió el fiscal general adjunto Kenneth A. Cortés.

K. Tovar

Fuente: BI

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