Rishi Sunak, Canciller de Hacienda del Reino Unido, declaró que el gobierno analizará algunas recomendaciones para instituir al país como un centro de innovación y negocios de tecnología financiera. «Si bien creo en el poder de las nuevas tecnologías, también debemos gestionar su impacto en nuestra economía y sociedad».

Destacó Sunak que los funcionarios «monitorearían las actualizaciones en finanzas y tecnología, además de trabajar en sus propias reformas con respecto a los activos digitales», que permitan resguardar la admisión de «criptoactivos y monedas estables«.

Las declaraciones las emitió el funcionario del Reino Unido a los legisladores el este jueves, en la residencia del Lord Mayor de Londres, manifestando adicionalmente que el país salvaguardaría el uso y acceso de efectivo a todos sus habitantes.

El canciller había manifestado a finales del año pasado que el Brexit brindaba oportunidades para que la nación impulsara y renovara el sector de los servicios financieros. Sin embargo, existe preocupación por las consecuencias de una implementación, por parte de Inglaterra, de una moneda digital oficial o CBDC.

En el proceso de transición hacia una moneda digital, el Reino Unido se encuentra analizando y revisando varios aspectos jurídicos, como las implicaciones de las medidas regulatorias a las monedas clásicas o estables, a la soberanía financiera, el amparo a los usuarios y el acceso al efectivo para las personas.

M. Rodríguez

Fuente:  Agencias

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El gabinete de la canciller alemana Angela Merkel aprobó un código de normas éticas para los grupos de presión. El instrumento obliga a los grupos de presión profesionales, entre otras cosas, a revelar sus intereses y sus clientes. El reglamento aún debe ser aprobado por el Parlamento.

El código de conducta está previsto en la Ley de Registro de Grupos de Presión que el Legislativo germano aprobó en marzo, y entrará en vigor junto con este el 1° de enero de 2022. El objetivo es dejar más claro quién ha ejercido influencia en las decisiones políticas y la legislación.

La ley obliga a los grupos de presión que tratan de promover los intereses de grupos específicos en el Parlamento o ante el Gobierno federal a proporcionar detalles de sus empleadores o clientes en un nuevo registro, así como el número de empleados y los desembolsos financieros para el cabildeo.

Las reuniones en los ministerios deben registrarse hasta el nivel de jefes de subdepartamento. El registro se conservará de forma digital en el Parlamento. Quienes no cumplan las normas se enfrentarán a una multa de hasta 50.000 euros (60.000 dólares).

El código detalla las normas de conducta de los grupos de presión. Por ejemplo, no se les permite acordar honorarios de contingencia, en los que el importe de la remuneración dependa del éxito de su trabajo. También se les prohíbe influir en sus interlocutores mediante ventajas financieras o de otro tipo.

Fuente: dpa

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